ABSTRACT
Participatory budgeting can encourage meaningful community engagement in all phases of the budgeting cycle to promote social equity. However, participatory budgeting administrators often experience administrative and political challenges in establishing participatory processes that effectively promote social equity. Using an integrated social equity framework that builds on the concept of sustainable governance, we create an implementation framework to evaluate PB systems and guide practitioners and scholars. We build on survey and interview data from 27 jurisdictions in the United States and Canada to explore the main administrative challenges in each stage of the PB implementation process. Our findings reveal four primary administrative pitfalls: the episodic nature of training programs, challenges in managing the political environment, issues with internal coordination and bureaucratic red tape, and difficulties in communicating PB process expectations. Policies and practices can be formalized to mitigate these challenges and enhance the possibility of building equitable participatory systems.
RESUMEN
El presupuesto participativo puede promover la equidad social al fomentar una participación comunitaria significativa en todas las fases del ciclo presupuestario. Sin embargo, quienes gobiernan los procesos de presupuesto participativo a menudo enfrentan desafíos políticos y de gestión administrativa. Utilizando un marco integrado de equidad social basado en el concepto de gobernanza sostenible, creamos un marco de implementación para evaluar los sistemas de presupuesto participativo y orientar a profesionales y académicos. Nuestro estudio se basa en datos de encuestas y entrevistas de 27 jurisdicciones de los Estados Unidos y Canadá para explorar los principales desafíos políticos y de gestión administrativa en cada etapa de la implementación del presupuesto participativo. Nuestra investigación identifica cuatro obstáculos críticos en la gestión administrativa: el carácter intermitente de los programas de capacitación, los desafíos en la gestión del entorno político, los problemas de coordinación interna y los trámites burocráticos, y las dificultades para comunicar las expectativas del proceso de presupuesto participativo. La institucionalización de políticas públicas y de estrategias de gestión puede mitigar estos obstáculos y mejorar la posibilidad de construir sistemas participativos equitativos.